Mientras
que en la primera constitución francesa de 1791 se declaraba el derecho
a la libertad religiosa, en la constitución española promulgada en
Cádiz en 1812 se prohibía el culto de cualquier otra religión que no
fuera la católica. Lo mismo había hecho ya previamente el estatuto dado
en Bayona en 1808 por José Bonaparte durante la dominación francesa, que
determinaba los asuntos referidos a la religión en su artículo primero,
subrayando así su importancia.
En
1837, la nueva constitución, pese a que mantenía la obligación por parte
del estado del mantenimiento del culto y de los sacerdotes católicos,
evitaba ya la prohibición de otras religiones. En todo caso, no señalaba
que la religión católica era la de la nación, algo que volvió a hacer
la constitución de 1845. La situación de exclusividad de la religión
católica en España, se mantuvo hasta que la constitución de 1856 toleró
la existencia de no católicos en el país, siempre y cuando no expresasen
sus opiniones religiosas en público. Sin embargo, la agitación política
del momento evitó que esta constitución llegase a entrar en vigor.
La
constitución de 1869 fue la que por primera vez reconoció en España la
libertad religiosa, y luego, durante la Primera República (1873-1874),
se reforzó este derecho. De hecho, la constitución republicana de 1873
daba un enorme paso considerando a la nación un estado laico, sin dar
ningún trato de favor a la iglesia católica. De nuevo, el proyecto
constitucional se vio truncado por el golpismo militar. La vuelta de la
dinastía borbón al trono conllevó un nuevo giro conservador, que en lo
tocante a la religión volvía a considerar a la católica como la del
estado, al tiempo que limitaba los cultos de otras religiones al ámbito
de lo privado.
Por
otro lado, durante la Segunda República (1931-1936), aunque se permitió
el culto público de cualquier religión, no existió el pleno derecho a la
libertad religiosa, ya que el estado intervenía en los asuntos
religiosos para imponer sus propias condiciones, con la finalidad de
contrarrestar los privilegios de la iglesia católica.
Firma del Concordato entre España y la Santa Sede en 1953. 
