"El laicismo nunca ha sido enemigo de las religiones mientras ellas se expresen como actitudes espirituales, sin reivindicar ningún poder sobre el espacio público. Para ello resulta esencial la separación jurídica entre el poder público y cualquier tipo de iglesia y de grupo de presión, sea religioso, ideológico o comercial. La escuela pública y el conjunto de los servicios públicos deben ser protegidos de cualquier intrusión de dichos grupos de presión", afirma el filósofo Henri Peña-Ruiz, director de conferencias en el Instituto de Estudios Políticos de París.
Desde que el 3 de enero de 1979 el Estado español firmara un Concordato con la Santa Sede, los privilegios de la Iglesia Católica y su influencia política sobre los sucesivos gobiernos han sido enormes, pese a ser nuestro país un estado aconfesional y laico.
"Hay que acabar con el Concordato de forma fulminante. No se puede mantener un acuerdo con un Estado soberano para permitir la injerencia permanente de sus agentes en nuestro suelo. Son unos acuerdos preconstitucionales", afirma Alfredo Grimaldos, autor del Libro La Iglesia en España 1977-2008, durante una entrevista realizada por el periodista Jesús Bastante para el diario Público.
Si algo han hecho siempre los obispos españoles es luchar contra el laicismo, a modo de cruzada, con el fin de que siga imperando el catolicismo, que tanto protagonismo tuvo durante la dictadura franquista. "Algunos quieren imponernos el laicismo como la nueva religión pública. ¿Por qué la práctica de la religión tiene que ser asunto privado y tenemos que aceptar el laicismo como la obligada confesionalidad de la vida pública?, se preguntaba hace unos años Fernando Sebastián Aguilar, arzobispo emérito de Pamplona. Es, pues, evidente la falta de respeto del episcopado español hacia los principios constitucionales y cómo trata de mantener a flote su hegemonía en una sociedad cada vez más secularizada.
Sin embargo, el laicismo, según el diccionario de la RAE "defiende la independencia del hombre o de la sociedad y más particularmente del Estado, respecto de cualquier organización o confesión religiosa". La separación del Estado y la Iglesia es, sin duda, la mejor forma de evitar confrontaciones en una sociedad plural y democrática, ya que ninguna creencia debería tener carácter estatal, como garantiza el artículo 16.3 de la Constitución Española.
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