El 17 de noviembre de 1610 seis vecinos de la localidad navarra de Zugarramurdi fueron sentenciados a morir en la hoguera -otros cuarenta, a diferentes penas-, acusados de rendir culto al diablo y celebrar aquelarres. Aun así, y por su desacuerdo con estos veredictos, el inquisidor Alonso Salazar y Frías fue autorizado para revisar el proceso.
Tras analizar el caso, su informe fue claro: "No he encontrado un solo indicio del que se pueda deducir que se ha cometido ningún acto de brujería, ni que hayan asistido a aquelarres, ni participado en ellos, ni infligido daños a ninguna otra cosa [...] No hubo brujos ni embrujados hasta que se empezó a hablar y escribir de ellos". El informe fue tan influyente que causó el cese de estos juicios en el imperio español.
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