Resumen
El
presente artículo ofrece una perspectiva general sobre los cambios
ocurridos en el nivel de la estructura organizativa de la iglesia
Católica en Baja California durante los siglos XIX y XX, con el
propósito de aportar elementos de análisis que permitan identificar las
particularidades regionales de tan importante institución social. Se
describen las condiciones históricas en que se transitó de una iglesia
de tipo misional con limitadas posibilidades de desarrollo, a una
iglesia diocesana, expresión de una institución con mayor grado de
consolidación. Tal proceso conoció un accidentado trayecto en la región
debido a las condiciones históricas en que ocurrió su poblamiento; fue tierra de misión hasta la fundación de las diócesis de Tijuana y Mexicali, en la década de 1960.
INTRODUCCIÓN
Atendiendo
la iniciativa turnada por la Conferencia del Episcopado Mexicano, en
enero de 2007 el papa Benedicto XVI autorizó una reestructuración
organizativa de la iglesia mexicana, aprobando la creación de cuatro
provincias eclesiásticas, el establecimiento de nuevas diócesis y la
elevación de otras más al rango de arquidiócesis. En este contexto se
fundó la Provincia Eclesiástica de Baja California, con sede
metropolitana en Tijuana, y así mismo se erigió la diócesis de Ensenada.
Con tal disposición, la iglesia Católica en la península de Baja
California cierra una significativa etapa de su desarrollo.
Tomando en consideración los recientes cambios, el presente artículo1
tiene como propósito ofrecer algunos elementos que permitan identificar
las particularidades regionales de la iglesia Católica, tomando como
punto de referencia sus formas organizativas.
El
trabajo expone el marco histórico general en que se ha desenvuelto la
iglesia Católica en la península de Baja California, por lo que, en gran
medida, su carácter es descriptivo. Ante la escasez historiográfica
relativa al tema, busca estimular la investigación en este campo de
estudio tan descuidado para el norte mexicano.
LA IGLESIA CATÓLICA Y SUS FORMAS ORGANIZATIVAS
El
estudio histórico de la iglesia y religión Católica en México ofrece un
campo vasto y complejo. Por el hecho de ser una institución que a
través de los años ha sido un actor principal en la lucha por el poder
político e incuestionable su papel como guía social de las conciencias,
ha ocupado la atención de numerosos investigadores (Ceballos, 1996;
García, 2004).
La
complejidad que plantea su estudio tiene mucho que ver con su carácter
dual. Como institución social, se encuentra sólidamente posicionada en
el mundo terrenal, pero al mismo tiempo ubica su origen y orienta sus
acciones al mundo ultraterreno (Weber, 1981:907; Blancarte, 1992:15–17).
El
carácter dual de la iglesia es un rasgo de incuestionable relevancia,
pero, además, posee otras características que deben tomarse en cuenta al
estudiarla. En primer término, está el de su conformación. Es común
visualizarla desde el exterior como una especie de bloque monolítico,
descuidando el hecho de que su recia estructura jerárquica cobija
actores de distinto tipo, formas organizativas diversas, tendencias
teológicas y pastorales y, con cierta frecuencia, fisuras y conflictos
en su interior.
Atendiendo
a su carácter dual —uno social (y por tanto histórico) y otro divino
(atemporal y eterno)—, la función de la iglesia es, por un lado, velar
por la salud espiritual de las almas, administrando los bienes de
salvación a todos aquellos que profesan su doctrina. Por otra parte, ha
manejado históricamente modelos de organización social, los cuales busca
impulsar y legitimar social–mente. De esta manera, influye y recibe
influencias del ambiente social, y en ciertas etapas históricas se ha
constituido en protagonista del conflicto socio–político. Esto ocurre
cuando sus proyectos sociales se contraponen a los de grupos sociales
adversarios y el Estado.
La
historia mexicana, en particular desde el siglo XIX, está marcada por
un continuo conflicto entre Estado e Iglesia, que ha dado como resultado
una alta polarización social en las distintas etapas del proceso de
secularización.
Para
realizar su misión dual, la iglesia tiene una organización jerárquica y
territorial. Institucionalmente se estructura con base en una fuerte
jerarquía piramidal cuya cabeza es el papa; debajo de él se encuentran
arzobispos, obispos y sacerdotes (regulares y seculares). Son, en
términos weberianos, el "cuadro administrativo" burocrático a cuyo
cuidado se han depositado los fundamentos religiosos (dogma, liturgia,
culto) y cuya obligación es velar por su conservación (Weber,
1981:43–4). Cada nivel de la jerarquía opera en un ámbito territorial
definido: al papa le corresponde la responsabilidad de la iglesia
universal; los obispos tienen jurisdicción sobre una diócesis asignada,
en tanto que varias de ellas constituyen una provincia eclesiástica a
cargo de un arzobispo.
Así
mismo, la iglesia Católica está conformada por los fieles o creyentes,
cuyo objetivo principal es lograr la salvación eterna. Son quienes
otorgan a la iglesia legitimidad social, convencidos de que el orden
manejado y representado por la institución es verdadero. No obstante, el
campo de la práctica religiosa no presenta un panorama homogéneo; en
las sociedades se distinguen grupos caracterizados por formas diferentes
de concebir y practicar la religión, lo que da lugar en México a una
amplia diversidad en el catolicismo popular.
Las
pautas metodológicas sucintamente señaladas acotan este acercamiento al
estudio histórico de la Iglesia en Baja California, el cual destaca las
formas organizativas de la institución, reconociendo que muchos
aspectos inherentes a ella quedan casi desdibujados en la exposición,
como serían la conformación de la jerarquía eclesiástica y los proyectos
pastoral–sociales por ella desarrollados, las formas de religiosidad
entre los bajacalifornianos, el ritmo observado en los procesos
secularizadores, etcétera.
La
iglesia Católica en México no ha tenido, históricamente, una presencia
homogénea a lo largo y ancho del país; de hecho, son evidentes y
notorias las diferencias en el mosaico regional. En las historias
eclesiásticas pretendidamente nacionales se menciona de manera muy breve
el noroeste. La presencia de la iglesia Católica en esta región parece
desvanecerse ante el peso que ha tenido en el centro del país, lo cual,
evidentemente, no indica que en esta zona la institución haya carecido
de relevancia. Por el contrario, manifiesta la existencia de un
particular ritmo histórico que es preciso develar.
El
siglo XIX es, en el noroeste, la etapa de tránsito de una iglesia
misional a una de tipo diocesano. La primera implicó una organización
propia cimentada en pueblos de misión atendidos por miembros del clero
regular2
con el propósito de evangelizar a los indígenas previamente congregados
en asentamientos estables, donde también fueron sensibilizados para que
aceptasen de buena gana la cultura de sus conquistadores. En este
régimen, los misioneros estaban sujetos a un superior provincial o
directamente a la Sagrada Congregación de Propaganda Fide, por lo que
tenemos un elemento de extraterritorialidad en el ejercicio del
ministerio. El sostenimiento de este tipo de organización eclesiástica
corrió a cargo de las autoridades civiles, esencialmente a través del
pago de sínodos,3
aunque en algunos casos los pueblos de misión fueron autosuficientes.
En el caso particular de Baja California, el soporte del sistema
misional no ocasionó erogaciones a la corona sino al Fondo Piadoso de
las Californias, con aportes financieros de particulares (Gutiérrez,
1974:144; Piñera, 1991).
La
iglesia diocesana se finca en una organización diferente. Su base está
constituida por parroquias administradas por miembros del clero secular
con licencia del obispo. La evangelización no es su función principal,
sino la atención a la vida sacramental. Su sostenimiento corre a cargo
de la feligresía a través del pago de diezmos, aranceles, limosnas y
donativos, por lo que supone la existencia de pueblos bien establecidos y
con cierta holgura económica. Los párrocos, por su parte, dependen de
un obispo titular residente en el territorio a su cargo, con
jurisdicción y autonomía en su ejercicio ministerial y con facultad para
ordenar nuevos sacerdotes.
Cabe
mencionar que ambos tipos de iglesia —misional y diocesana—
coexistieron en el noroeste durante el siglo XIX y buena parte del
siguiente. Tal convivencia fue más prolongada en Baja California, como
intento mostrar en este artículo.
LOS FUNDADORES DE LA IGLESIA CATÓLICA EN LAS CALIFORNIAS
Después
de haber fracasado numerosos intentos de conquista militar iniciados
desde 1533, la penetración europea en la península corrió a cargo de
hombres de la iglesia. Los jesuitas obtuvieron en 1697 las garantías
requeridas para fundar misiones, evangelizar a los indios y ejercer
funciones político–administrativas. El padre Juan María Salvatierra, al
llegar en ese año a Loreto, llevaba "la autoridad de gobernador,
capitán, capellán, cargador y cocinero", según afirman Gutiérrez
(1974:200–201) y Trejo (1992:291).
Durante
siete décadas los jesuitas realizaron una tesonera labor y lograron
congregar a los indígenas en 17 pueblos de misión en la región
meridional. También capitalizaron —en beneficio del sistema colonizador
por ellos impulsado— el control absoluto sobre el proceso espiritual y
material, con lo que desalentaron y frenaron la colonización civil. Por
tan poderosos motivos se buscó sustituirlos con sacerdotes seculares en
la esfera espiritual y con colonos civiles que tuvieran expedito acceso a
la propiedad de los terrenos misionales.
Uno
de los propósitos fundamentales de las reformas borbónicas y las
iniciativas impulsadas por José de Gálvez durante su visita a Baja
California hacia 1768 fue debilitar la organización misional y traspasar
la hegemonía a los colonos civiles. Tal proyecto de secularización4
suponía que la extinción de las misiones promovería un incremento en el
clero diocesano, pues las nuevas poblaciones tendrían la obligación de
pagar diezmos y aranceles.
Pero
las cosas no resultaron como fueron planeadas. Las enormes dificultades
para arraigar a los pocos colonos que llegaban dieron como resultado
que los muy escasos habitantes no pudieran sostener la vida parroquial,
de modo que tampoco incrementaron los ingresos de la corona de
inmediato. Esto tuvo que esperar hasta que el traslado de propiedades
misionales a particulares fue activado, lo que dio lugar a un nuevo tipo
de organización económica mediante la constitución de ranchos ganaderos
y agrícolas, que emergieron lentamente en la segunda mitad del siglo
XIX.
El
entreveramiento de la iglesia misional y la diocesana se presentó desde
temprano en la etapa colonial. La organización del clero secular en el
noroeste quedó sujeta al obispado de México hasta 1538; después pasó a
depender de la diócesis de Michoacán y, posteriormente, a la de
Guadalajara hasta 1681, año en que el virrey conde De la Cerda determinó
que las Californias pasaran a formar parte del Obispado de Durango,
fundado en 1620 (Gutiérrez, 1974:123).
La
disputa por la jurisdicción espiritual de las Californias continuó
entre los obispos de Durango y Guadalajara hasta que en 1731 se le
adjudicó a este último (Gerhard, 1993:33). Conviene resaltar, sin
embargo, que el sistema dominante fue el misional, pues los obispos
difícilmente podían tener algún control sobre tan vasto y lejano
territorio.
Inmediatamente
después de la expulsión de los jesuitas, en 1768 entraron al relevo 14
frailes franciscanos, que permanecieron en la península durante un
lustro, probablemente desalentados porque a su llegada únicamente
recibieron las iglesias y los correspondientes objetos para el culto,
sin disfrutar de las amplias prerrogativas de que habían gozado sus
antecesores, en particular el control sobre la tierra. Así, la salida de
los padres ignacianos dio nueva fuerza a la idea de transformar en
curatos las misiones más prósperas.
Para
ir metiendo cuñas en la organización misional, José de Gálvez asignó,
en 1768, a dos curas seculares con la intención de sembrar la simiente
para la conformación de dos parroquias: una en Santiago (con
jurisdicción en San José del Cabo) y otra en el Real de Santa Ana (con
jurisdicción sobre San Antonio); ambas dependerían del obispo de
Guadalajara (Trejo, 1992:296; Gerhard, 1993:365).
El beneficio5
del curato de Santa Ana se sostuvo durante una década, mientras que el
de Santiago duró únicamente un par de años, debido a las dificultades de
los parroquianos para asegurar el sostenimiento del sacerdote.
En
su afán por acelerar el proceso secularizador en el noroeste
novohispano, José de Gálvez propuso la creación de la diócesis de
Sonora, cuyo establecimiento consiguió en 1779. Su jurisdicción abarcó
los actuales estados de Sinaloa, Sonora y Arizona, así como la Alta y
Baja California (Del Río, 1993). Pero en realidad el obispo de Sonora
poco pudo hacer para administrar de forma eficiente su extensa diócesis,
entreverada con un extendido y todavía sólido sistema misional. Contó
con un escaso número de sacerdotes, motivo por el cual estuvo
imposibilitado para atender la demanda espiritual de aquellos pueblos de
misión que se habían secularizado (como los del Yaqui y Mayo en
Sonora). Debido a que las noveles y miserables parroquias no daban lo
suficiente para sostener a los sacerdotes, esto las hacía muy poco
atractivas como destino de eclesiásticos.
Durante
su breve estancia en Baja California, los franciscanos establecieron un
pueblo de misión (San Fernando Velicatá). En 1772 llegaron a un acuerdo
con los dominicos, mediante el cual los primeros realizarían sus tareas
evangelizadoras en la Alta California, mientras la Orden de
Predicadores asumiría el control de las misiones bajacalifornianas
(Zugliani, 1976). El acuerdo fue legalizado por una cédula real expedida
en 1804, por medio de la cual se dividió políticamente a las
Californias (Moyano, 1983:19). Entre los años de 1774 y 1834, los
dominicos lograron fundar 10 pueblos de misión en el septentrión
peninsular, administrándolos hasta 1858 (Franco, 1989:254).
Así,
pues, en este período se empalmaron en Baja California una iglesia de
tipo misional y una diocesana: los frailes dominicos de la provincia de
Santiago, en México, atendieron durante su estancia en la región las
antiguas misiones del sur de la península y aquellas otras por ellos
fundadas en lo que entonces se conoció como La Frontera, en la
zona norte (Gerhard, 1993:365). Formalmente, del obispo de Sonora
dependió el clero secular que debía atender a la población blanca
(colonos civiles). No obstante, el sistema dominante siguió siendo el
misional, aunque con características muy particulares.
En
la primera mitad del siglo XIX se observa una marcada decadencia de las
misiones debido al decrecimiento de la población indígena y al empuje
de los colonos civiles. La normatividad expresó la endeble situación en
que se encontraban las misiones, pues algunas medidas legislativas
buscaban secularizarlas, otras se negaban a decretar su desaparición, y
algunas más se propusieron protegerlas (Piñera, 1991:114).
La
ambigua situación en que se ubicaban los frailes dominicos queda de
manifiesto en una consulta que el jefe político de Baja California hizo
al gobierno supremo en 1835, pues desconocía si a los religiosos debía
considerárseles curas interinos o misioneros. La respuesta que obtuvo
fue que los eclesiásticos regulares debían continuar con ese carácter
hasta que fuesen formalmente establecidos los curatos (Piñera,
1991:117). En 1841, el jefe político Luis del Castillo decretó la
abolición de las misiones bajacalifornia–nas, exceptuando las ubicadas
en la frontera. Partió del supuesto de que al no haber ya "neófitos", la
misión carecía de sentido, y que su existencia era sostenida
artificialmente por los padres dominicos, quienes aprovechaban la tierra
en usufructo recibiendo un sínodo de 600 pesos, además de diezmos y
primicias (Piñera, 1991:118). Los dominicos actuaban, pues, con un doble
carácter: por un lado, como miembros del clero regular encargados de
atender los pueblos de misión, por cuya tarea percibían el pago de un
sínodo, y por otra parte, como párrocos, obteniendo ingresos de los
fieles por los servicios religiosos. De modo que la medida dictada por
el jefe político tenía el propósito de dar por concluida tan ambigua
situación, además de crear condiciones más propicias para poner en
marcha la colonización civil al declarar que las tierras usufructuadas
por los religiosos eran propiedad de "la república" y, por tanto,
sujetas a reparto.
Tales
intentos transformadores se inscribieron en un escenario cambiante en
la organización eclesiástica. El obispado de Sonora vio reducido el
territorio de su jurisdicción en 1840, cuando el papa Gregorio XVI
segregó la Alta California y se le designó un obispo propio, a cuyo
cargo estaría también la iglesia en Baja California, quedando como
vicario foráneo el dominico fray Gabriel González (Franco, 1989:254).
Así, de nuevo se observa el empalme entre iglesia misional y diocesana,
pues mientras la rectoría espiritual recayó en el obispo californiano,
el ministerio lo ejercieron miembros del clero regular.
LOS TIEMPOS DEL VICARIATO APOSTÓLICO
Cuando
la frontera norte se recorrió hacia el sur como consecuencia de la
guerra México–Estados Unidos y el Tratado Gadsden, el gobierno mexicano
solicitó a la Santa Sede que Baja California no dependiera en lo
espiritual de un prelado extranjero, como ya lo era el obispo de Alta
California. La solución inmediata a tan irregular situación fue dictada
por el papa Pío IX, quien decidió erigir el vicariato apostólico, con
jurisdicción sujeta al arzobispo de México,6
y designar vicario a Francisco Escalante y Moreno, párroco
hermosillense que en junio de 1854 se trasladó a la península
(Gutiérrez, 1974:240 y 278; Almada, 1990:219).
Escalante
y Moreno fijó su residencia en La Paz, que por entonces tenía alrededor
de 2 000 habitantes. Llegó acompañado de tres sacerdotes procedentes de
Sonora, con los cuales debía atender las parroquias y misiones que
habían dejado vacantes los padres dominicos. Al frente de Mulegé
continuó hasta 1858 el misionero Félix Migorel, mientras que el
presbítero Mariano Carlón fue asignado a La Paz, Anastasio López a San
Antonio y Todos Santos, y Trinidad Cortez a San José del Cabo y la
misión de Santiago (Zugliani, 1976:27). Así, se considera que en la
década de 1850 las misiones bajacalifornianas —en decadencia desde 1830—
quedaban formalmente secularizadas (Piñera, 1991:128). No obstante,
para la iglesia, la zona siguió considerándose tierra de misión debido a
las enormes dificultades para el establecimiento de su jerarquía.
El
vicario Escalante luchó con afán para engrosar su escaso cuerpo
sacerdotal. Con grandes esfuerzos logró reclutar seminaristas de las
diócesis de Sonora y Guadalajara, a los que ordenó de presbíteros con la
esperanza de que se quedaran a trabajar en la península. Pero en
realidad el lugar presentaba pocos atractivos para que los eclesiásticos
desearan establecerse allí, pues "el aislamiento, la pobreza y el clima
extremoso exigían más que la vocación común al sacerdocio" (Franco,
1989:257).
No
obstante lo reducido del clero bajacaliforniano, el conflicto entre el
poder político y el eclesiástico también se hizo presente en la
península en el período 1857–1859, en el contexto de promulgación y
juramento de la Consti–tución liberal (Ojeda, 1998). Tal
conflicto no expresó, por supuesto, una fortaleza de la iglesia Católica
regional enfrentada a unas elites políticas consolidadas, que también
se encontraban endebles, sino que los sacerdotes participaron
obedeciendo las disposiciones de su superior jerárquico, el arzobispo de
México. En estos convulsos años únicamente tres miembros de la
jerarquía mexicana se salvaron de la deportación decretada por el
gobierno federal: el vicario de Baja California y los obispos de Yucatán
y Durango (Gutiérrez, 1974:303; Krauze, 1998:243).
El
deceso de Francisco Escalante y Moreno, ocurrido en La Paz en 1872,
marcaría otra etapa en la historia de la iglesia bajacaliforniana.
Probablemente las extremas dificultades para conseguir un nuevo vicario y
los problemas que sin duda debió de enfrentar el arzobispo de México
para atender este territorio, llevaron de nuevo a la creación del
vicariato apostólico el 20 de enero de 1874 (Bravo, 1965:98). Su
administración fue confiada provisionalmente al arzobispo Pedro Loza, de
Guadalajara, aunque en 1884 se transfirió a la diócesis de Sonora.
En
diciembre de 1873, el misionero de la orden de los Carmelitas
Descalzos, Ramón María de San José Moreno y Castañeda, fue designado
obispo de Eumenia y vicario apostólico de Baja California. Moreno tomó
posesión en La Paz en marzo de 1875 (Franco, 1989:257). En esa misma
fecha dirigió una primera carta pastoral a sus diocesanos para
comunicarles que llegaba acompañado de "algunos jóvenes que aspiran al
estado eclesiástico, quienes han dejado su tierra natal, juntamente
conmigo, para ser los cooperadores de mi Sagrado Ministerio, aquí donde
son tan graves las necesidades y deben ser tan penosos los trabajos"
(Moreno, 1875).
En
noviembre de 1876, Moreno y Castañeda se ausentó del vicariato, y en
1877 se encontraba visitando la curia romana, "por hallarse exiliado
bárbaramente por el gobierno mexicano" (Ramos, 1997:514). Presentó un
informe sobre el estado que guardaba su vicariato, en el que se quejaba
de "la guerra implacable, que desde su llegada [..] le ha hecho la
masonería, a la que de su parte ha hecho todo lo posible por
desenmascarar y combatir". Denunciaba, además, un par de atentados de
que había sido objeto.
Monseñor
Moreno dio a conocer en Roma lo vasto de su vicariato apostólico, que
contaba con 42 000 habitantes, de los cuales 6 000 eran "indios
paganos". Hizo patente la gran ignorancia en materia religiosa
prevaleciente en su feligresía, porque rara vez entraban en contacto con
sacerdotes debido a la dispersión poblacional. Había llegado el caso,
afirmó el vicario, que a una sola persona se le tenían que administrar
cuatro sacramentos (bautizo, confirmación, comunión y matrimonio). El
número de iglesias destinadas al culto era muy reducido, además de que
la mayoría estaban en ruinas y desprovistas de objetos sagrados. Para
ese tiempo, cinco sacerdotes administraban las parroquias del vicariato y
todos, incluido el vicario, vivían en la miseria.
Tres
peticiones concretas hacía monseñor Moreno al pontífice romano. La
primera se refería a un problema que enfrentaba con los masones, pues,
observando las disposiciones del Tercer Sínodo Mexicano, que prohibía
unir en matrimonio a quienes no se hubieran acercado al sacramento de la
penitencia, los masones no se confesaban "por temor de verse obligados a
abjurar de la secta". Por lo tanto, no eran admitidos a celebrar
matrimonio religioso, ante lo cual optaban por una de las dos soluciones
siguientes: vivir en concubinato o trasladarse a la frontera con
Estados Unidos, donde los obispos los unían religiosamente en matrimonio
por contar "con una especial facultad" de Propaganda Fide. Para evitar
tal situación, el vicario solicitó las mismas prerrogativas que la
Sagrada Congregación concedía al episcopado californiano.
En
segundo término, requirió ayuda para establecer escuelas católicas y
estar en posibilidad de enfrentar la competencia de los masones, que
contaban con muchos planteles para hombres y mujeres. Finalmente, el
vicario expresó su temor de que la Baja California fuera pronto cedida a
Estados Unidos y mostró su interés en "evangelizar a las colonias de
ocho mil indios, porque una vez pasados a aquel gobierno los indios no
escucharían más hablar de Dios". Para emprender tal tarea precisaba
contar con sacerdotes y recursos financieros.
Monseñor
Moreno no aguantó mucho tiempo las penalidades de su ministerio en Baja
California. Es muy probable que haya realizado gestiones en Roma para
ser trasladado a otra diócesis, lo que efectivamente ocurrió en 1879,
cuando fue asignado a Chiapas.
El
vicario siguiente fue el franciscano Buenaventura del Purísimo Corazón
de María Portillo (orden de los frailes menores), nombrado obispo de
Tricala en marzo de 1880. Llegó a Baja California en febrero de 1881, y
en septiembre del año siguiente fue trasladado a la diócesis de Chilapa
(Franco, 1989:258).
El
vicario Portillo llegó acompañado de cinco seminaristas del obispado de
Guadalajara. Algunos se retiraron antes de su ordenamiento y otros se
reintegraron posteriormente a su diócesis. Persistía, pues, la extrema
dificultad para conseguir ministros católicos que se establecieran en la
península de manera permanente. La mayoría duraban cortas temporadas y
luego abandonaban el territorio, como también lo hacían los vicarios
(Zugliani, 1976:36). Tan inestable situación dio como resultado que el
vicariato apostólico fuese bajado de categoría7 y reducido a prefectura (Franco, 1989:258).
Mientras
tanto, los católicos expresaban su necesidad de auxilios espirituales,
como lo hicieron un nutrido número de habitantes de Real del Castillo,
pueblo fundado en 1870 debido al descubrimiento de yacimientos
auríferos. Dos años después era ya capital del partido norte. Hacia 1875
tenía una población de 1 500 habitantes, integrada por "extranjeros,
comerciantes, trotamundos y malechores" dedicados a la minería,
agricultura, ganadería y comercio (Moyano, 1983:65; Estrada, 1996).
Dijeron entonces:
Los
que suscribimos, vecinos de la Frontera Norte [...] nos presentamos y
exponemos: que convencidos de que no puede haber felicidad verdadera en
esta vida, ni menos adquirir la que está prometida a los
bienaventurados, si no se cumplen los diez mandamientos de Dios Nuestro
Señor y los cinco de la Santa Yglesia Nuestra Madre, y teniendo en
consideración que hasta ahora en esta estensa Frontera no eciste ni ha
ecistido, un templo católico en donde tributar el culto divino [...] y
en atención también á que, todos los vecinos de esta Frontera tenemos la
fortuna de profesar la fe de Cristo [suplicamos] nos conceda para bien
de nuestras almas, un Cura párroco que ilustre y dirija nuestras
conciencias [y] nos alimente con el pan de la vida eterna.8
Expresaron,
así mismo, que "un considerable número de moradores de esta Frontera
viven sin tener la fortuna de conocer a Dios", y que al obispo
correspondía "salvarlos del gentilismo en que viven". Pero el obispo
sonorense, que para entonces residía en Culiacán, no estaba en
posibilidades de satisfacer la demanda de los fronterizos, pues su
escaso clero no le permitía ni cubrir las múltiples vacantes
parroquiales en Sonora y Sinaloa.
AL AMPARO DE LA DIÓCESIS DE SONORA
En
1883, el papa León XIII determinó reducir los límites de la todavía muy
extensa diócesis de Sonora creando la de Sinaloa y haciendo coincidir
la jurisdicción de la primera con los límites políticos del mismo
estado. Al prelado —que en adelante residiría en la ciudad de
Hermosillo— se le encomendó, desde 1884, el cuidado del vicariato
apostólico de la Baja California (Gutiérrez, 1974:338). El primer obispo
en estas nuevas condiciones fue el franciscano José María Jesús Rico,
quien tuvo el infortunio de sucumbir ante la epidemia de fiebre amarilla
que en 1884 asoló el noroeste. El nuevo mitrado, Herculano López de la
Mora, no se nombró sino hasta 1887. A él correspondió la asignación de
sacerdotes para las parroquias de Baja California y extender las
licencias respectivas.
En
ese mismo año, el obispo Herculano López realizó su primera visita
pastoral a las parroquias de su diócesis. El 7 de diciembre arribó a La
Paz, donde fue recibido "con señales de regocijo por su párroco Dn.
Mariano Carlón y por los fieles".9
De acuerdo con los ordenamientos establecidos, el obispo inspeccionó
"el Tabernáculo en donde se reserva la Sma. Eucaristía, la fuente
bautismal, los altares e imágenes, y los paramentos y vasos sagrados",
así como los libros del archivo parroquial. Después de realizada la
inspección, el obispo agradeció al párroco
por
el esmero con que cuida de que la Iglesia, los altares e imágenes se
mantengan convenientemente aseados; y se aconseja al mismo Señor Cura
que procure establecer en ella la Vela Perpetua del Smo. Sacramento,
para procurar la adoración constante al divinísimo Señor Sacramentado,
al menos durante el día, y para tener algún fondo para el aumento del
culto y para algunas necesidades de la iglesia parroquial.10
En
1887, las parroquias y párrocos establecidos en la península eran los
que en seguida se indican: San Antonio, El Triunfo y San José del Cabo,
bajo la responsabilidad de Anastacio López; La Paz, de Mariano Carlón;
Mulegé, de José Percevault; Todos Santos, Ensenada y Santo Tomás eran
administradas por el padre Luciano Osuna.11
A
su llegada a Sonora, el obispo Herculano López enfrentó el mismo
problema con que se habían topado los prelados anteriores: la escasez de
sacerdotes. Únicamente contaba con un cuerpo clerical de 15 miembros,
por lo que le resultaba imposible dotar de ministro de planta a las 22
parroquias establecidas en el estado de Sonora y las cinco del vicariato
apostólico de Baja California.
Pero
si la porción sur de la península estaba desprotegida en lo referente a
servicios espirituales, en peores condiciones se encontraba la frontera
norte, cuyo poblamiento ocurría lentamente (Moyano, 1983:68–77). Por
tal razón, el obispo de Sonora se vio compelido a extender autorización a
sacerdotes extranjeros para que atendieran a la todavía numerosa
población indígena y a los inmigrantes asentados de manera reciente.
Entre
1884 y 1889, religiosos de la orden de San Francisco del Convento de
Santa Bárbara visitaban de manera frecuente los pueblos fronterizos
(Ortiz, 1989:49).
En
los inicios de 1888, dos misioneros de la orden de Santo Domingo
(Guillermo Dempflin y Reginaldo Newell) recibieron del obispo "la
facultad y licencia para celebrar, predicar, confesar hombres y mujeres,
administrar a los yndios el Sto. Bautismo".12
El
25 de enero de 1888, el obispo Herculano López extendió licencias a
Francisco Moras, obispo de Monterey y Los Ángeles (Alta California),
"con facultad de subdelegarlas a los misioneros que él designe, las
facultades siguientes, que valdrán por dos años contados desde hoy, para
los puntos de la Baja California donde no haya cura": otorgar dispensas
de consanguineidad, del impedimento de pública deshonestidad y "para
dispensar con los gentiles e infieles que tenían muchas mugeres, a fin
de que, despues de convertirse y bautizarse, puedan retener la que mejor
quieran si tambien se hace fiel; excepto cuando la primera quiere
convertirse". Las licencias abarcaban también autorización para celebrar
en altar portátil.13
El
11 de junio de 1890, el sacerdote diocesano Antonio Ubach, párroco de
San Diego, recibió licencias del obispo Herculano López para "celebrar,
predicar, confesar, bautizar y autorizar matrimonios en los pueblos de
la frontera norte de la Baja California, cuando no haya impedimento
dirimente ni impudiente, y sea llamado por aquellos fieles, siempre que
pase allá con licencia de su Prelado". Estas licencias fueron renovadas
en abril de 1894 al mencionado cura, que recibió también el poder de
delegar a alguno de sus vicarios tales facultades "mientras podamos
proveer de sacerdotes aquella frontera", asentó el obispo sonorense.
El
problema de la falta de sacerdotes persistió por algún tiempo más. En
septiembre de 1892, el obispo López de la Mora extendió licencia al
párroco de Yuma, José Gheldof, para que administrara los sacramentos en
Los Algodones por un término de dos años. La licencia se renovó en 1895.
En su solicitud, el padre Gheldof expresó su preocupación por atender
espiritualmente a unas familias residentes en las proximidades de Yuma:
"viven [dijo] permanentemente en el territorio de la Baja California
junto a la linea. El punto se llama Los Algodones. No hay mas que unas
tres o cuatro familias mejicanas pero hay algunas familias de Indios que
todavía son salvajes. Es mayormente para poder bautizar las criaturas
de aquellos Indios que quisiera la licencia [...] serán si quiera tantas
almas inocentes ganadas para la Gloria".14
Los
territorios de Baja California y, en general, el noroeste mexicano
ejercían poco atractivo para que los sacerdotes desearan establecerse
allí debido a las condiciones de pobreza en que debían desarrollar su
labor. Ante la aguda escasez de sacerdotes en la diócesis de Sonora, su
prelado se vio en la necesidad de convocar a presbíteros de otras
regiones de México para que vinieran a apoyarlo, aceptando también las
diversas peticiones de eclesiásticos que buscaban cambiar de aires. No
siempre la experiencia dio buenos resultados, pues muchos de los que
arribaban eran indisciplinados con su obispo o esperaban encontrar
condiciones diferentes para el ejercicio de su ministerio. En el caso
del vicariato apostólico de Baja California, el asunto revestía mayor
gravedad, pues ocurrió que la designación de algún sacerdote a las
distintas parroquias de la península era tomada como un castigo por
faltas cometidas.
En
esta última situación se encontró el presbítero José de J. Verján,
quien, procedente de la diócesis de Colima, solicitó su ingreso en la de
Sonora en 1890, donde se le destinó a la parroquia de Arizpe. Pronto el
obispo recibió fuertes quejas de los vecinos de esa ciudad y de
Banámichi, acusando al padre de comportamientos deshonestos y de
provocar "escándalos públicos" con "sus ebriedades, juego de naipes en
la plaza pública, concurrencia a bailes". Algunas familias se quejaban
de la conducta del sacerdote en la iglesia y de que cambiaba ornamentos
religiosos por ganado. Además el padre había cometido "abusos horribles,
que llenan de indignación", en contra de algunas mujeres de Banámichi y
Arizpe, y con algunas de ellas había consumado "sus torpezas".15
Como
consecuencia de ese indigno comportamiento, el padre Verján fue
destituido de la parroquia de Arizpe e inhibido del santo ministerio,
debiendo comparecer ante el obispo. Una vez que lo hizo, el prelado lo
destinó a la parroquia de La Paz el 28 de marzo de 1891, en calidad de
teniente de cura con facultades para "celebrar, predicar y confesar en
La Paz, San Antonio y San José del Cabo". Acatando la superior
disposición, el padre Verján se trasladó a Baja California, pero al poco
tiempo solicitó permiso para ausentarse de la parroquia por dos meses
para visitar a su familia, petición que se le negó. En 1892 fue
despedido de la diócesis.
Otro
caso fue el del presbítero José Percevault, francés procedente de la
diócesis de Denver, quien había solicitado su ingreso en la de Sonora en
1875 y servido en las parroquias de Bavispe y San Miguel de Horcasitas.
En 1887 fue destinado a la parroquia de Mulegé, donde incurrió en
faltas graves como embriagarse públicamente, "ejercer las funciones del
santo ministerio en estado de embriaguez [y] casado a algunos [con]
impedimento canónico sin pedir dispensa a la S. Mitra".16
Tal comportamiento fue denunciado por algunos testigos, y los cargos,
reconocidos por el sacerdote inculpado, quien quedó suspendido por un
mes.
El
presbítero Luciano Osuna se encontraba ya en la frontera cuando el
obispo Herculano López se hizo cargo de la diócesis de Sonora en 1887.
Al padre Osuna se le refrendaron las licencias hasta marzo de 1890, pero
alguna falta debió de haber cometido, porque en marzo de 1890 no se le
renovaron sus licencias ministeriales,17
y en junio de 1890 el obispo comisionó al presbítero Celso García para
que realizara una visita a los pueblos de Santo Tomás, Todos Santos y
Ensenada, "con el fin de administrar los sacramentos e inquirir sobre
vida y costumbres del Pbro. Luciano Osuna".18
Desconozco el informe rendido por el padre García, pero Luciano Osuna
tuvo que presentarse en Hermosillo ante el obispo, en cuya parroquia fue
destinado a servir a partir de septiembre de 1890. En agosto de 1891 se
le encomendó de nuevo la administración parroquial de la Ensenada de
Todos Santos por cinco años, pero falleció al poco tiempo. Por lo que
respecta a Celso García, en septiembre de 1891 se le suspendió el uso de
la licencia y la comisión adjudicada y se le envió a la diócesis de
Monterey y Los Ángeles.
Como
puede observarse, poco duraban los sacerdotes diocesanos en esta
región. Los sacerdotes con mayor arraigo eran muy ancianos y con un
largo trecho recorrido en el ejercicio de su ministerio. Merecen
destacarse los casos de Mariano Carlón y Anastasio López, quienes se
encontraban en la península desde 1854, cuando arribaron con el vicario
Escalante y Moreno. Anastasio López atendió con asiduidad las parroquias
de San Antonio y El Triunfo hasta 1887, año de su fallecimiento.
Mariano Carlón estuvo a cargo de La Paz por varias décadas, hasta su
deceso en 1893.19
Como bien lo señala Zugliani, ambos sacerdotes fueron "los dos
apóstoles que soportaron el peso del día y del calor por casi toda la
segunda mitad del siglo [XIX]" (Zugliani, 1976:36).
Tenemos
pues que, exceptuando los dos casos anteriores, el reducido cuerpo
sacerdotal de Baja California se caracterizó por una extrema
inestabilidad. Efectivamente, el medio exigía una vocación misionera, y
el clero diocesano encontraba muy raquíticos estímulos para ejercer su
ministerio en tan arduas condiciones. La situación en que se encontraban
las parroquias del vicariato apostólico de Baja California no era muy
atractiva para los ministros católicos.
Respondiendo
a una circular del obispo Herculano López, fechada en diciembre de
1887, el padre Mariano Carlón informó, en agosto del siguiente año,
sobre el estado que guardaba La Paz, parroquia a su cargo. Justificaba
la tardanza en dar respuesta por las dificultades para integrar el
padrón de los habitantes de su jurisdicción, que se encontraban muy
diseminados. Respecto a los no católicos reportó la existencia de ocho
infieles (chinos), seis herejes y 15 francmasones. El número total de
católicos era de 5 330.20
En
referencia al número de templos existentes, el padre Carlón reportó que
había una iglesia parroquial en La Paz, una capilla dedicada a San
Antonio en Zacatal, una a San Luis Gonzaga en el rancho del mismo nombre
y otra en construcción en La Huerta. La iglesia parroquial se
encontraba en "buen estado por ser nueva", así como el resto de las
capillas. Existía en funcionamiento "una escuela parroquial gratuita en
la que se enseña doctrina cristiana por el Padre Ripalda, leer,
escribir, rudimentos de gramática castellana y aritmética".21
Menos
halagüeñas eran las condiciones existentes en la frontera norte, según
reporte enviado por el presbítero Luciano Osuna desde lo que ahora es
Tijuana.22 Respecto a la existencia de infieles, herejes o cismáticos, respondió:
En
razón que este lugar es nuevo y empieza a poblarse y la gente que llega
toda es nueva no puedo decir lo que son [...] en lo general la gente
cuando infantes han recibido el agua del bautismo y es el único acto
religioso que han recibido y sus padres lo mismo; y así las creencias
que ellos se han forjado o han pepenado más bien son en contra de la
religión y así una gran parte defienden puntos condenados por la Yglesia
[...] los que van entrando los más son protestantes.23
En
toda la parroquia, según el reporte del sacerdote, había "como 40 o 50
católicos" (10 en Tijuana, cinco en Tecate, 10 en Ensenada y 25
diseminados en otras partes). Además el padre, se quejaba de que estos
católicos no conocían "la obligación que tienen de contribuir al
sostenimiento del culto y de su párroco". En estas condiciones no es de
sorprender que no hubiera ninguna escuela parroquial o instituciones de
caridad.
Respecto
a los edificios eclesiásticos, el sacerdote informó que en Tijuana
había "un oratorio que yo he construido á mi propia costa; es de adobe,
techo de madera, altar de madera, dimensiones veinte y cuatro pies de
largo por catorce de ancho y un cuartito adyacente". En Ensenada había
una capilla de madera también construida a expensas del sacerdote (36
pies de largo por 20 de ancho y un cuarto adyacente). La carencia de
templos o capillas autorizadas para celebrar el culto provocó que los
sacerdotes solicitaran al obispo licencias para "celebrar en altar
portátil" y poder así atender la dispersa población asentada en
congregaciones de 15 o más personas.
ENTRE MISIÓN Y DIÓCESIS
La
múltiple problemática enfrentada por el obispo de Sonora para atender
las apremiantes necesidades del vicariato apostólico de Baja California
lo llevó a renunciar a su administración en 1894. En enero del siguiente
año, esta jurisdicción eclesiástica fue asignada a la Sagrada
Congregación de Propaganda Fide, institución que en noviembre de 1895 la
encomendó a los misioneros del Colegio de San Pedro y San Pablo,
encargados de la administración espiritual hasta 1917 (Gutiérrez,
1974:338). En total arribaron a la península 13 padres italianos,
dirigidos por Luis Petinelli y Giovanni Rossi.
Iniciando
el siglo XX, el vicariato tenía una población estimada en 47 000
habitantes, casi todos católicos. Había seis iglesias con sacerdote
residente y 10 sin sacerdote. Contaba también con 20 capillas. La sede
del vicariato estaba en La Paz, y otros centros de población importantes
eran Ensenada de Todos Santos, San José del Cabo y Santa Rosalía.24
Mexicali y Tijuana apenas se estaban poblando; el primero como
consecuencia de grandes obras agrícolas desarrolladas en el estado de
California, que dieron nueva fuerza a los proyectos colonizadores;
Tijuana, por su cercanía con San Diego, se desarrollaba como centro
turístico gracias a la prohibición de juegos, apuestas y prostitución en
Estados Unidos (Moyano, 1983:98–108).
Un nuevo cambio en la organización de la iglesia Católica bajacaliforniana sobrevino con la revolución. Al promulgarse la Constitución de
1917 y ponerse en práctica las limitaciones que establecía al
ministerio sacerdotal, Baja California quedó desamparada espiritualmente
al verse imposibilitados los sacerdotes italianos para ejercer su
ministerio. En junio de ese año, la delegación apostólica establecida en
Washington comunicó al presbítero Martín Portela (entonces gobernador
de la Mitra de Sonora en sede vacante) que Propaganda Fide había tomado
la determinación de que la diócesis de Sonora atendiera aquel territorio
y, en caso de tener sacerdotes disponibles, les proveyera de éstos. El
padre Portela estableció contacto con el religioso Giovanni Rossi, quien
le informó que las parroquias existentes eran las de La Paz, Santa
Rosalía, Mulegé, El Triunfo, San José y Ensenada, y que todas tenían
cura residente, con excepción de la de San José, atendida por el cura de
El Triunfo.
El
padre Rossi dijo entonces a Martín Portela: "puede Ud. venir o mandar a
tomar cargo del Vicariato cuando quiera; por nuestra parte no esperamos
más de que la S. Congregación de Propaganda que nos ha enviado aquí nos
de orden de salir destinándonos a otras partes".25
La situación era que Sonora debía proveer de sacerdotes a Baja
California únicamente en caso de que tuvieran que salir los misioneros,
pero según informes del mismo Rossi, "en el Norte no nos han molestado,
mientras que aquí en el distrito Sur, se nos ha prohibido el ejercicio
del ministerio".
Efectivamente,
el gobernador del distrito sur, F. Lacroix Rovirosa, mostró mayor rigor
en la aplicación del artículo 130 constitucional. Según lo registra
Carlos Franco (1989:261), el padre Rossi fue apresado porque se le
sorprendió "administrando los sacramentos a un moribundo [...] el padre
Severo Aloero tuvo que escapar de noche y refugiarse en un barco en el
puerto de Santa Rosalía. Los otros permanecieron tranquilos en sus
sitios pero sin poder oficiar públicamente". Esta situación prevalecía
en noviembre de 1917, cuando Rossi solicitó a Portela que enviara "dos o
tres sacerdotes para el distrito sur, aunque sea de modo provisional".
Pero el padre Portela enfrentaba problemas graves en la diócesis que
tenía a su cargo: en 1916 habían sido expulsados los sacerdotes por
orden del gobernador y comandante militar Plutarco Elías Calles, y se
encontraban exiliados en Tucson, por lo que no pudo enviar ningún padre.
Al retirarse los padres italianos, la iglesia bajacaliforniana regresó
al dominio diocesano.
Francisco
Orozco y Jiménez, arzobispo de Guadalajara nombrado administrador
apostólico de Baja California en julio de 1917, envió durante un par de
años a algunos sacerdotes a la península, entre ellos Silvino Ramírez.
En enero de 1920, el obispo de Sonora, Juan Navarrete y Guerrero,
recibió un comunicado de Silvino Ramírez desde La Paz, en el que le
informaba que el arzobispo de Guadalajara lo había nombrado
administrador apostólico de Baja California hacía 10 meses. Apenas un
mes antes, la Sagrada Congregación de Propaganda Fide, por conducto del
mismo arzobispo, notificó la determinación de fraccionar el territorio
peninsular para hacer eficiente la administración eclesiástica. Al
citado Silvino Ramírez le fue encomendado el distrito sur, en donde a la
fecha se asentaban "50 mil almas en sus ochenta mil kilómetros
cuadrados, no cuenta con más personal eclesiástico que yo y otros dos
sacerdotes, sin esperanza de más, pues nadie quiere venir".26
El
9 de julio de 1921, el arzobispo de Guadalajara informó al obispo Juan
Navarrete que la Sagrada Congregación de Propaganda Fide había decretado
la erección del vicariato apostólico en Baja California y
probablemente, en un futuro no lejano, se convertiría en nueva diócesis
gracias a las gestiones del episcopado mexicano.27
En efecto, el papa Benedicto XV había nombrado a Silvino Ramírez obispo
de Verinópolis y vicario apostólico de Baja California. Fue consagrado
en Guadalajara en noviembre de 1921 y regresó a su vicariato acompañado
de varios seminaristas.
Poco
duró esta esperanzadora situación, pues en septiembre de 1922, el
vicario falleció "misteriosa y prematuramente" en La Paz, por lo que
salieron de inmediato los sacerdotes que lo habían acompañado, y una vez
más Baja California se vio agobiada por la escasez de ministros
católicos (Bravo, 1965:99, Zugliani, 1976:38). Únicamente permaneció en
la península el padre Alejandro Ramírez, sobrino del recién fallecido
obispo, y su estancia duró hasta 1939.
En
1925 regresó el padre Modesto Sánchez (recién ordenado en el seminario
de Culiacán), quien junto con el padre Ramírez soportó la hostilidad del
régimen callista. El clero no podía aumentar en virtud de que la ley
sólo permitía un sacerdote por cada 50 000 habitantes.28
La valiente presencia de los padres Alejandro Ramírez, Modesto Sánchez,
Severo Alloero y César Cas–taldi "mantuvo vivo el culto a pesar de las
arbitrarias restricciones" (Franco, 1989:264). Tal situación se prolongó
hasta 1939, cuando arribó un grupo de misioneros del Espíritu Santo, y
monseñor Felipe Torres Hurtado recibió el nombramiento de administrador
apostólico.
Una
vez en posesión de su puesto, trasladó la sede del vicariato a
Ensenada, donde estableció el Seminario Misional de Nuestra Señora de la
Paz y funcionó hasta 1946, año en que se mudó a Tijuana junto con la
sede del vicariato apostólico. Este significativo cambio, de gran
impacto en la organización eclesiástica bajacaliforniana, obedeció a las
importantes transformaciones demográficas en la franja norte: el
desarrollo agrícola promovido por el gobierno cardenista en el valle de
Mexicali y la entrada en vigor del Programa Bracero en 1942 aceleraron
la inmigración de campesinos del centro y sur del país, de tal forma que
entre 1940 y 1950, las ciudades de Mexicali y Tijuana incrementaron su
población en 240% y 259%, respectivamente (Moyano, 1983:120–123). Tal
bonanza migratoria no afectó la parte sur de la península.
A
su llegada en 1939, el vicario Torres Hurtado contaba con el apoyo de
cinco sacerdotes: tres en el territorio sur y dos en el norte. Es
interesante advertir que a pesar del esporádico contacto de los fieles
con ministros católicos, la fe siguió alimentándose por diversos medios.
Un testimonio del mismo Torres Hurtado manifiesta lo anterior. Narra
que durante su primer recorrido por la península,
En
uno de los hermosos villorrios del Territorio Norte me encontré una
venerable anciana como de ochenta años, la cual llorando me dijo: ay,
padrecito, qué dicha la mía, qué alegría me embarga en esta hermosa
mañana porque hacía muchos años que mis ojos no veían un sacerdote.
Durante todo este tiempo, después de que se fueron nuestros padrecitos
misioneros, yo fui la catequista, la que bautizaba a los niños y también
atendía a mi gente a la hora de la muerte [...] les ayudaba a bien
morir. A los novios los casábamos delante de dos testigos (Zamora,
1989:277).
Eventos
de este tipo colocan en primer plano el tema de la conformación de una
religiosidad particular entre los habitantes de esta zona, desarrollada
frecuentemente de manera autónoma respecto a la jerarquía eclesiástica.
DIVISIÓN TERRITORIAL Y ESTABLECIMIENTO DE LAS DIÓCESIS
En
vista de las dificultades que planteaba la atención espiritual de los
fieles de toda la península, monseñor Felipe Torres Hurtado solicitó, en
1947, la división del vicariato en norte y sur, "pues la falta de vías
de comunicación entre ambas regiones, separadas por el desierto central,
hacía sumamente difícil atenderlas simultáneamente desde una cabecera
instalada en cualquiera de los dos extremos" (Franco, 1989:267).
El
papa Pío XII atendió la solicitud de manera positiva. A partir de
entonces la historia de la iglesia bajacaliforniana se escindió: la
dinámica frontera norte avanzó rápidamente hacia la constitución de una
iglesia diocesana, mientras el distrito sur seguía sin poder abandonar
su carácter misional.
En
1948, la iglesia del territorio de Baja California Sur fue encomendada a
la atención del Instituto Misionero Comboniano, que desarrolló su labor
bajo la dirección del vicario de Tijuana. El 13 de abril de 1957 se
constituyó la prefectura apostólica de La Paz con 12 parroquias. Tal
cambio significó en los hechos un descenso en la jerarquía
administrativa eclesiástica de Baja California Sur, pues al conceder tal
denominación, la santa sede consideró que la iglesia había alcanzado
poco desenvolvimiento en ese territorio. El mayor desarrollo observado
en la parte norte de Baja California se reconoció con el establecimiento
del vicariato apostólico de Tijuana el 13 de julio de 1957.
Los
combonianos permanecieron en el territorio sur de la península hasta
1976, fecha en que la prefectura fue transformada de nuevo en vicariato
apostólico (Zugliani, 1976:40). Dos años antes, el 24 de septiembre de
1974, Baja California Sur abandonó su condición de territorio al obtener
el nuevo status de entidad federativa. La inauguración de la
carretera transpeninsular en diciembre de 1973 fue factor fundamental
para acabar con el aislamiento de esta región (Castro, 1975:135).
Finalmente, el 21 de marzo de 1988 se constituyó la diócesis de La Paz.
El
desarrollo de la iglesia Católica en la porción norte de la península
registró mayor dinamismo debido al espectacular crecimiento demográfico y
económico de sus dos centros principales: Tijuana y Mexicali. El
territorio norte alcanzó la categoría de estado libre y soberano el 16
de enero de 1952.
Como
hemos señalado, en 1946, la sede del vicariato apostólico se trasladó
de Ensenada a Tijuana. A esta última ciudad le fue conferido el rango de
sede episcopal el 13 de julio de 1963, cuando Roma dictó el nacimiento
de la diócesis de Tijuana, circunscrita a la Provincia Eclesiástica de
Hermosillo.
Estos
cambios ocurrieron en un escenario desbordado de dinamismo para la
iglesia Católica, pues en 1962 inició el II Concilio Vaticano, al que
convocó el papa Juan XXIII. Este trascendente evento concluyó en 1965,
bajo la conducción del papa Paulo VI. A este pontífice correspondió
ordenar una transformación administrativa para la iglesia
bajacaliforniana, atendiendo la solicitud que le fue planteada por el
delegado apostólico en México, monseñor Luigi Raimondi. El 25 de marzo
de 1966, el sumo pontífice decretó el nacimiento de la diócesis de
Mexicali.29
De la misma forma, tales innovaciones en la estructura organizativa
eclesiástica se acompañaron de transformaciones económicas en la región,
pues en la década de 1960 se dio un notable desarrollo industrial
basado en la industria maquiladora, con brusco impacto en el panorama
demográfico y urbano.
En
el terreno organizativo, el más reciente cambio en la iglesia Católica
bajacaliforniana ocurrió el 26 de enero de 2007, cuando se dio a conocer
la noticia de que el papa Benedicto XVI acordó establecer la provincia
eclesiástica de Baja California con sede en Tijuana, y ordenó la
erección de la diócesis de Ensenada, la cual quedó constituida con 22
parroquias y como primer obispo se le asignó a monseñor Sigfrido Noriega
Barceló.30
Con esta modificación, la iglesia diocesana en Baja California concluye
una etapa en que la búsqueda de su arraigo y consolidación fue el rasgo
dominante.
A MANERA DE CONCLUSIÓN
El
largo recuento cronológico aquí presentado permite advertir que durante
todo el siglo XIX y un buena parte del XX, la iglesia Católica en Baja
California fue una institución sumamente débil e inestable.
La
tutela que diversas diócesis debieron ejercer sobre este territorio
expresa que la institución no había madurado lo suficiente como para
ejercer una autonomía propia de la iglesia diocesana. Tal situación
resulta explicable en un contexto social y político también endeble,
pues se trata de una región que enfrentó severos problemas para
incrementar y arraigar su población, así como para consolidar proyectos
de desarrollo económico. La escasa, pobre y dispersa población
difícilmente podía asumir los costos para el sostenimiento del culto y
clero diocesano, motivo por el cual el asentamiento de sacerdotes fue
sumamente irregular en esta región, y por lo mismo se prolongó la
persistencia de una estructura organizativa propia de una iglesia de
tipo misional.
Las
extremas dificultades para conformar un cuerpo sacerdotal estable
propició que misioneros de diversas órdenes y congregaciones asumieran
la tarea de atender espiritualmente a los bajacalifornianos. De manera
paradójica, la península siguió considerándose tierra de misión, a
pesar de que su población indígena se extinguió tempranamente y las
labores de evangelización no fueron la función fundamental de las
misiones, sino la atención de la vida sacramental.
La
iglesia diocesana encontró primero arraigo en la franja norte de la
península, una vez que los cambios económicos dinamizaron los flujos
migratorios e hicieron crecer rápidamente ciudades como Tijuana,
Mexicali y Ensenada. La porción sur de Baja California, que hasta 1939
había ejercido una especie de liderazgo espiritual en la
península, siguió enmarcada dentro de los márgenes de una iglesia
misional hasta 1976, cuando de nuevo le fue adjudicado el carácter de
vicariato apostólico. Finalmente, en 1988 adoptó la categoría de
diócesis de La Paz. A partir de entonces la iglesia Católica encuentra
su plena consolidación.
Las
etapas de desarrollo histórico de la iglesia bajacaliforniana no
coinciden con las de la iglesia en México ni con las de otras diócesis
norteñas; tiene su propio ritmo. En la península, la institución
eclesiástica no llegó a una etapa de consolidación hasta que el tiempo
álgido del enfrentamiento entre la jerarquía eclesiástica y los
gobiernos posrevolucionarios hubo pasado (después de la primera y
segunda cristiada), y la iglesia en México entró en una etapa de modus vivendi31 en sus relaciones con el Estado.
Este
artículo deja —como es muy evidente— sensibles huecos, los cuales
espero que sean llenados por investigaciones posteriores que, al aportar
información y elementos analíticos, permitan un conocimiento detallado
de los rasgos finos dibujados por la organización diocesana en esta zona
de frontera. Conviene, por ejemplo, conocer los planes o programas
pastorales desplegados por la jerarquía eclesiástica, pues en ellos
están contenidas las acciones a través de las cuales la iglesia conforma
las vías para incidir en la sociedad. Así mismo es importante tomar en
consideración el número de sacerdotes de que disponen los obispos, tanto
en lo que respecta al clero diocesano como al clero regular y órdenes
religiosas femeninas presentes en la zona. Este factor es indicativo de
la fuerza adquirida por la Iglesia y de su poder real para atender las
feligresías.
En
este sentido, es interesante advertir que la religión católica muestra
un importante descenso en ambos estados de la península de Baja
California, pues en el año 2000 el catolicismo representaba 82.4% de la
población en la parte norte, y 89.6% en la porción meridional (Molina,
2003).
Por
otro lado, la relación entre el número de sacerdotes y la población
católica indica, para el mismo año, que cada sacerdote tenía a su cargo
la atención de 12 009 católicos en Tijuana, 12 628 en Mexicali y 6 258
en La Paz.32 Probablemente éste es un factor que ha permitido una más ágil penetración de las diferentes denominaciones protestantes.33
Otra
línea de investigación que es conveniente desarrollar es la que se
refiere a la conformación de la esfera religiosa entre los fieles. ¿Cómo
asumen los bajacalifornianos su catolicismo? ¿Cuáles son sus
devociones? ¿Cuál es su forma de participar en el culto y la liturgia?
¿Cómo expresan su religiosidad en la vida cotidiana? Conocer tales
aspectos, sin duda, aclararía muchos de los comportamientos políticos y
culturales de la sociedad bajacaliforniana.
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Fuentes documentales
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Parroquias que forman el obispado de Sonora, ACMH, caja núm. 28. [
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Registro del clero de la diócesis de Sonora, ACMH, caja núm. 27. [
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Páginas de Internet
1 Este
artículo es una versión revisada de la ponencia del mismo nombre,
presentada en el I Encuentro de Historia y Antropología de las
Californias. Cultura y Sociedad en las Californias, realizado en Tijuana
del 6 al 8 de julio de 2000.
2 Se conoce como clero regular a
los religiosos congregados en un instituto u orden, a cuya regla están
comprometidos mediante votos solemnes de obediencia. El clero secular está sujeto a un obispo y atiende las parroquias en que está constituida una diócesis (cfr. The Catholic Encyclopedia).
3 En la terminología eclesiástica la palabra sínodo tiene
una doble connotación: se refiere a una asamblea convocada por la
autoridad jerárquica y a la ayuda monetaria que recibían los misioneros
por parte de la corona española, como lo ha manejado la historiografía
(por ejemplo, Gutiérrez, 1974:203) y las fuentes documentales, como en
la solicitud emitida por misioneros dominicos en Loreto, Baja
California, en 1795; disponible en http://content.cdlib.org/ark:/13030/hb6m3nb762/?order=2&brand=calisphere.
4
Este proceso de secularización se entendió exclusivamente como la
transferencia de los pueblos de misión al clero secular y su
transformación en parroquias o curatos. No hace referencia propiamente a
uno de los rasgos que, de acuerdo con la teoría clásica, caracterizan a
las sociedades modernas: el alejamiento de la religión por parte de los
individuos.
5 Un beneficio es
un ingreso fijo, usualmente generado por la propiedad territorial. Las
parroquias que no tienen un ingreso fijo no tienen "beneficio" y su
existencia depende de limosnas y donativos voluntarios aportados por los
fieles o mediante el pago de aranceles establecidos por el obispo (cfr. The Catholic Enciclopedia).
6
Los lugares donde la jerarquía eclesiástica no se ha establecido están
bajo la jurisdicción del papa, que gobierna esos territorios misionales
por medio de un delegado que ha recibido consagración episcopal y es
nombrado vicario apostólico. Este prelado tiene los mismos poderes que
un obispo, además de que la Congregación de Propaganda Fide le extiende
facultades extraordinarias: tanto el clero regular como el secular
quedan bajo su autoridad (cfr. The Catholic Enciclopedia).
7
El establecimiento de una prefectura significa que la iglesia tiene
menos desarrollo. Cuando avanza un poco más, se le asigna la categoría
de vicariato (cfr. The Catholic Enciclopedia).
8
Carta suscrita por vecinos de Real del Castillo el 15 de noviembre de
1879, dirigida al obispo de Sonora (Archivo de la Catedral Metropolitana
de Hermosillo —en adelante ACMH—, caja núm. 29).
9 Acta de la visita pastoral registrada en el libro Santa visita pastoral, ACMH, caja núm. 27.
10 Idem.
11 Los datos están tomados del libro Parroquias que forman el obispado de Sonora, ACMH, caja núm. 28.
12 Las licencias otorgadas a los padres en el libro Registro del Clero de la Diócesis de Sonora, ACMH,
caja núm. 27. Para más información sobre la labor misional de fray
William Dempflin, véase el trabajo de Parmisano (1995:146–157).
13 Libro Registro del clero de la diócesis de Sonora, ACMH, caja núm. 27.
14 La licencia expedida al padre Gheldof se asienta en el libro Registro del clero de la diócesis de Sonora, ACMH,
caja núm. 27; la solicitud del mismo sacerdote, fechada en Hermosillo
el 2 de septiembre de 1982, se encuentra en el ACMH, caja núm. 30.
15 La información se asienta en el libro Registro del clero de la diócesis de Sonora, ACMH, caja núm. 27. La denuncia de los católicos de Banámichi está fechada el 11 de noviembre de 1890, ACMH, caja núm. 30.
16 Oficio
del obispo Herculano López al párroco de Guaymas, fechado el 3 de mayo
de 1893, en el que lo comisiona para que se traslade a Mulegé y recabe
privadamente los informes necesarios sobre el comportamiento del padre
Percevault (ACMH, caja núm. 11).
17
Mientras la parroquia quedaba vacante, el obispo Herculano López
autorizó a un cura de San Diego para que, por un término de dos años,
atendiera las necesidades espirituales de la feligresía, "siempre que
sea llamado por los fieles y que tenga la licencia de su Obispo". El
cura de San Diego impartía el sacramento del matrimonio a quien lo
solicitara, ya fuese en los pueblos de la frontera bajacaliforniana o en
su propia parroquia, donde era visitado por los fieles del lado
mexicano (Herculano López al presbítero Celso García, septiembre de
1890, ACMH, caja núm. 11).
18 Libro Registro del clero de la diócesis de Sonora, ACMH, caja núm. 27.
19
Para relevarlo se nombró al padre Saturnino Campoy, quien, procedente
de la diócesis de Sinaloa, fue admitido a la de Sonora en abril de 1892.
Falleció repentinamente en Guaymas. Cesáreo García fue nombrado cura de
San Antonio en agosto de 1888, pero al poco tiempo murió (cfr. el libro Parroquias que forman el obispado de Sonora, ACMH, caja núm. 28).
20
Comunicado del presbítero Mariano Carlón al Obispo Herculano López,
fechado en La Paz el 25 de agosto de 1888 (ACMH, caja núm. 30).
21 Idem.
22
Comunicado del presbítero Luciano Osuna al secretario de la Mitra,
Ángel Barceló, fechado el 7 de junio de 1888 (ACMH, caja núm. 31).
23 Idem.
24 Véase "Vicariate Apostolic of Lower California", The Catholic Encyclopedia.
25Carta de Giovanni Rossi al presbítero Martín Portela (21 de noviembre de 1917, ACMH, caja núm. 16).
26 Silvino Ramírez al obispo de Sonora Juan Navarrete y Guerrero (10 de enero de 1920, ACMH, caja núm. 16).
27 De
hecho, el propósito de crear una diócesis en Baja California venía de
tiempo atrás. En abril de 1913, el obispo Ignacio Valdespino escribió
desde México al presbítero Martín Portela: "Estoy luchando con toda
justicia para que se devuelva a la diócesis de Sonora la Baja
California, con los auxilios que dizque darán algunos prelados que
intentan hacer un Obispado allí, como si ya no se hubieran hecho los
mismos experimentos sin fruto alguno" (ACMH, caja núm. 16). La carta se
cita en Almada y Lucero, 1995.
28
Para entonces Baja California, por su carácter de territorio federal,
debía aplicar la normatividad aprobada para el Distrito Federal, donde
particularmente las leyes reglamentarias del culto religioso fueron muy
drásticas.
31 Blancarte (1992:514) llama modus vivendi a
la cooperación entre el Estado y la Iglesia, consistente en la
aceptación eclesial de que el terreno de lo social era asunto del
Estado, a cambio de una tolerancia política en el ámbito de la
educación, sumamente importante para la iglesia. Esta etapa, iniciada
hacia 1938, significó para la institución eclesiástica una tregua que
aprovechó para fortalecerse.
32
Tales cifras están muy por encima de las manejadas en otras diócesis
mexicanas. Por ejemplo, en el año 2000 en Morelia, a cada sacerdote le
correspondía atender a 4 626 católicos, y en Guadalajara la proporción
era de 4 385 feligreses (cfr. The Hierarchy of the Catholic Church).
33
En todo caso, esta situación se asocia con procesos modernizadores de
la sociedad, en gran medida relacionados con el proceso de
secularización. En este tema las posibles investigaciones que se
emprendan deberán tomar en consideración el actual debate entre el
modelo clásico y el nuevo paradigma planteado por la teoría de la economía religiosa, cuyo pionero es Warner (1993).
