La siniestra institución creada en 1478 por los Reyes Católicos y el papa Sixto IV para mantener el monopolio del catolicismo y reprimir a judeoconversos, protestantes y demás herejes condenó a la hoguera a 35.000 personas.
La siniestra institución creada en 1478 por los Reyes Católicos y el papa Sixto IV para mantener el monopolio del catolicismo y reprimir a judeoconversos, protestantes y demás herejes condenó a la hoguera a 35.000 personas y mandó a más de 300.000 a prisión en sus tres siglos de intensa actividad. Teóricamente, la Santa Inquisición, como tribunal eclesiástico que era, solo tenía competencia sobre cristianos bautizados. Sin embargo, durante la mayor parte de su historia, al no existir en la práctica libertad de culto ni en España ni en sus territorios dependientes, su jurisdicción se extendió a la práctica totalidad de los súbditos de la monarquía española.Por fin, el 4 de diciembre de 1808, tras entrar en Madrid al frente del ejército francés, Napoleón Bonaparte firmó en Chamartín el decreto que ponía fin al tribunal, también conocido como Santo Oficio. Sin embargo el regreso del absolutismo dejó sin efecto la medida y el rey Fernando VII “El Deseado”, que ocupó el trono entre 1813 y 1833, restableció la Inquisición en 1814. Esta coyuntura se prolongó seis años más.
La llegada de los liberales al gobierno en 1820 acabó casi definitivamente con ella, pues fue sustituida en algunas diócesis por las llamadas Juntas de Fe, toleradas por las autoridades locales. La Junta de Fe de Valencia tuvo el dudoso y triste honor de condenar a muerte al último hereje ejecutado en España, el maestro de escuela Cayetano Ripoll, que fue ahorcado en la ciudad levantina el 31 de julio de 1826 en medio del fuerte escándalo internacional que causó en Europa la situación de despotismo que todavía pervivía en nuestro país. La extinción oficial de la Inquisición no se produjo hasta el 15 de julio de 1834, con Isabel II ostentando la corona. Sin embargo, al ser esta menor de edad, fue su madre, la regente María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, la encargada de firmar el Real Decreto de abolición.
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