El robo del Códice Calixtino en 2012 sacó a la luz las cuentas de la Catedral de Santiago, y con ello volvió el debate sobre la financiación de la Iglesia en nuestro país.
Al sumar los ingresos monetarios procedentes de las aportaciones dinerarias de los fieles, las visitas a museos y las compras en tiendas, aquel año se reunieron casi tres millones de euros que fueron a parar a las arcas eclesiásticas españolas.
Pero esta no es su única ni mayor fuente de financiación, ya que en 2014 millones de contribuyentes marcaron la "X" de la Iglesia en el último ejercicio fiscal aportando cerca de 247,5 millones de euros.
Las razones de esta generosidad estatal tienen su origen en el Concordato suscrito el 3 de enero de 1979 entre el Gobierno de España y el Vaticano. Según el artículo II de este acuerdo, "el Estado se compromete a colaborar con la Iglesia Católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico [...] Para ello será preciso que cada contribuyente manifieste expresamente en la declaración respectiva su voluntad acerca del destino de la parte afectada. En ausencia de tal declaración, la cantidad correspondiente será destinada a otra finalidad".
Dicho concordato exime además en su artículo III del pago de impuestos a la Iglesia, como el pago del Impuesto de Contribución, o el Impuesto de Sucesiones, Donaciones y Transmisiones Patrimoniales.
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