Está acusado de abusar sexualmente de adolescentes varones durante 30
años en seminarios o colegios católicos de San Luis Potosí, en el
noreste de México. Durante ese tiempo, no fue llamado a responder por
las acusaciones. Ahora llegó el momento.Hace unos días un juez ordenó la captura del exsacerdote Eduardo Córdova Bautista, quien podría convertirse en el primer religioso en ser encarcelado por pederastia en el país.
Córdova Bautista pudo haber cometido abusos con al menos cien adolescentes, según el abogado de algunas de las víctimas, Martín Faz Mora.
El exsacerdote es considerado “prófugo de la justicia” por la Procuraduría (fiscalía) General de Justicia del Estado, que ha emprendido una cacería no sólo en México, sino en otros países, para lo que solicitó el apoyo de la Policía Internacional (Interpol).
Un elemento adicional de la controversia son las acusaciones que se le hacen a la Arquidiócesis de San Luis Potosí, por el tratamiento que supuestamente hicieron de las denuncias del sacerdote cuestionado. De acuerdo con el exsacerdote Alberto Athié, quien hizo pública la denuncia, esa instancia estaba enterada desde 1995 y el Vaticano también fue informado. Sin embargo, alega, no se hizo nada al respecto.
“El caso del padre Córdova se dio porque fue protegido durante 30 años por la Iglesia, con pleno conocimiento de los casos. Es verdaderamente increíble que teniendo toda esa información se le abrían procesos internos, decían que no había elemento suficientes, cerraban el caso y lo exoneraban de toda responsabilidad”, señala Athié.
La Arquidiócesis de la que Córdova formaba parte dice, por el contrario, que ellos fueron los primeros en denunciar al exsacerdote, pues lo acusaron formalmente un caso de abuso sexual contra un menor presuntamente cometido en 2012. La denuncia se presentó casi al mismo tiempo que el Vaticano determinó suspender al exsacerdote y separarlo de la Iglesia Católica.
Según su vocero, Juan Priego, la iglesia de San Luis Potosí no esconde ni protege al exsacerdote y, por el contrario, espera que las autoridades civiles cumplan con su trabajo y hagan justicia en favor de las víctimas.
Córdova había sido investigado por acusaciones similares en 2008. Pero entonces el Tribunal de la Arquidiócesis lo exoneró al no encontrar pruebas de su responsabilidad.
“No se encubre a nadie”, insiste Priego.
Relaciones políticas
“El caso del padre Córdova se dio porque fue protegido durante 30 años por la Iglesia, con pleno conocimiento de los casos“, Alberto Athié, exsacerdote.
Según el abogado Faz Mora, a Córdova Bautista la cúpula
católica de su estado sí le brindó protección. Esta, asegura, es una de
las razones por las que pudo evitar cuestionamientos, pero no la única.
Además era el responsable de los vínculos políticos de la iglesia católica local, especialmente con el gobierno del estado. Gracias a ello estableció relaciones importantes con funcionarios y organizaciones civiles locales.
De hecho, Córdova fue consejero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos entre 1999 y 2001; fundador de exclusivas escuelas privadas de corte religioso y hasta hace unos meses se desempeñó como consejero ciudadano de Transparencia y Vigilancia para la Adquisición y Contratación de Obra del gobierno estatal, una especie de vigilante del gasto en obras públicas.
También forma parte de una de las familias “de más abolengo en la localidad”, añade el abogado. “Era uno de los sacerdotes de la elite potosina”, dice, aludiendo al término que se usa para describir a los residentes de San Luis Potosí.
“Este encumbramiento le ayudó a crear un entorno que inhibía a las víctimas. Sabían que era una persona muy poderosa y por lo tanto iba a ser difícil no sólo castigarlo sino que les creyeran”, sostiene Faz Mora.
“Y por otro lado también actuaba como un entorno de encubrimiento. Dicho coloquialmente: no era un cura de rancho”, como suele definirse en México a un sacerdote de poca influencia.
El ejemplo de Marcial Maciel
La
protección social, política y económica que se alega en el caso de
Córdova Bautista se ha producido en otros casos similares en México,
recuerda Alberto Athié, quien fue sacerdote católico hasta 2007, cuando
renunció ante el acoso que sufrió por denunciar los abusos sexuales de
Marcial Maciel, fundador de la orden de los Legionarios de Cristo.El exsacerdote Athié fue una de sus víctimas, y junto con otros que sufrieron el mismo abuso encabezó la batalla que terminó con el destierro virtual de Maciel -quien murió en 2008 sin que prosperara ningún caso en su contra en tribunales- de la Iglesia.
Maciel contaba con un fuerte entorno de protección social, política y económica en México. Cuando empezaron las primeras denuncias por su conducta, en 1997, un grupo de empresarios promovió un boicot publicitario contra los medios que publicaron el caso, mientras que la cúpula de la iglesia católica del país descalificó a las víctimas.
Cuando años después el Vaticano reconoció los abusos del religioso, los empresarios que lo apoyaron guardaron silencio.
Ese mismo ambiente hostil es el que enfrentó Athié en San Luis Potosí. El círculo de protección de Córdova Bautista hizo muy difícil que, primero, algunas víctimas se animaran a hablar, luego a promover una denuncia y después que las autoridades empezaran las investigaciones.
En el camino, voceros de la Arquidiócesis llamaron a Athié “mentiroso y difamador”, mientras que el gobernador Fernando Toranzo le dijo que actuaría cuando la Iglesia resolviera su “asunto interno”.
Contra el exsacerdote existe una denuncia de 19 víctimas, que podrían ser más en el transcurso de las semanas, asegura el abogado Faz Mora.
Actualmente está acusado de violación, abuso sexual calificado, corrupción de menores de 18 años y secuestro. El Vaticano, sin embargo, lo suspendió sólo por el caso más reciente, que presuntamente habría ocurrido en 2012.
Córdova Bautista debe enfrentar un juicio ante el Poder Judicial de San Luis Potosí.
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