LA NO TAN SANTA INQUISICIÓN.

Si hay una institución que en este país nos provoque solo un poquito más de miedo qu la actual Hacienda, esa es la Santa Inquisición. En un principio se fundó para desarraigar la herejía que se estaba difundiendo entre aquellas personas que profesaban el judaísmo y que, según los propios Reyes Católicos, <<se habían convertido al cristianismo solo en nombre y apariencia>> mientras practicaban clandestinamente la ley de su pueblo. Persiguió a todos los enemigos de la fe: judeoconversos, moriscos y protestantes, a brujas y otras desviaciones heréticas y ya en el siglo XVIII, a masones y librepensadores. Pero sobre todo, sirvió como instrumento político para la monarquía durante los siglos XVI y XVII.

Cuando los Reyes Católicos unieron las Coronas de Castilla y Aragón, se produjo un cambio radical: los monarcas fueron conscientes de los problemas religiosos y sociales que acarreaba la cuestión judeoconversa en sus reinos, y deseando obtener la legitimación eclesiástica de su poder, instaron al papa Sixto IV para que dotara por fin a la Corona de Castilla de esta institución.

Sin embargo, no fue ni aquí ni en este momento cuando se fundó, sino que nación en el Languedoc, sur de Francia. Para cuando llegaron Isabel y Fernando, la Inquisición era una realidad en lugares tan dispares como Bohemia, Bosnica, Portugal, Polonia o Alemania, mientras que los reinos latinos de Oriente, Gran Bretaña, Castilla y Escandinavia carecían de ellos.

Este antisemitismo, sin embargo, no puede explicarse simplemente por cuestiones de fe. En la ahora España, a partir de finales del siglo XIII, la crisis demográfica y económica sufrida, así como sus consecuencias, fueron factores que desencadenaron la violencia contra los judíios.

Nuestra Inquisición, la patria, la española, se creó el 1 de noviembre de 1478 bajo el papado de Sixto IV, quien puso esta institución bajo el poder directo de los Reyes Católicos. Dos años más tarde se nombró a los primeros inquisidores, que eran sevillanos, y el primer auto de fe se celebró en la ciudad hispalense el 6 de febrero de 1481, cuando se quemaron vivas a seis personas, comenzando por todo lo alto la leyenda de tan terrorífico tribunal.

Dentro de la Inquisición, era el inquisidor general -puesto en su cargo a dedo por el rey y el papa- quien ostentaba el control a través del llamado Consejo de la Suprema. No puede decirse que los inquisidores tuvieran una agenda muy apretada. Las sesiones del Consejo tenían lugar los días no festivos, pero solo tres horas por la mañana, excepto martes, jueves y sábados que dedicaban dos horas más por las tardes se ocupaba de los pleitos públicos y de los casos de sodomía, bigamia, hechicería y superstición. Desde luego no se aburrían. Los viernes se analizaban las informaciones sobre la limpieza de sangre y desde 1633 se dedicaron al control de la Hacienda.

El centro de reclutamiento para los inquisidores -pertenecientes mayoritariamente a la baja nobleza- fueron las universidades.

El punto de partida para comenzar la instrucción del proceso era la denuncia basada en sospechas suscitadas por comportamientos, gestos o frases por parte del acusado, o bien, a través de la acusación o la indagación que llevaba a cabo directamente el tribunal. Más te valía no caerle mal al vecino si no querías ser denunciado -problema que ha acompañado siempre a la idiosincrasia española a lo largo de su historia-.

Tras establecerse un tribunal en una determinada ciudad, daba lugar a un período de gracia de unos treinta o cuarenta días en el cual se imponía la obligación de denunciar al santo oficio cualquier sospecha de herejía y en el que los herejes podían confesar y reconciliarse en la fe católica. Con este procedimiento se slavaban de penas posteriores y más graves, y solo cumplían una penitencia menor y pagar una limosna.

Una vez presentada la denuncia -que, para más inri, a principios del siglo XVI se remuneraba-, que implicaba el arresto provisional del inculpado -en prisiones secretas y con total aislamiento durante semanas o incluso meses, sin saber quién ni de qué se le acusaba-, intervenía el fiscal. La detención iba siempre acompañada de la incautación de los bienes. Los testigos debían ser cristianos, mayores de catorce años, gozar de plenas facultades mentales, ser los suficientemente ricos como para no aceptar sobornos y no ser ni parientes ni enemigos del acusado. Esa era al menos la teoría. Si solo había dos únicos testimonios provenientes de mujeres, entonces no permitían condenar a la pena ordinaria, puesto que había mucha desconfianza de sus testimonios.

La no confesión, mantenida bajo dolorosa tortura, creaba una presunción favorable hacia el acusado, haciendo impensable una condena.

La culminación del procedimiento era el auto de fe. Este consistía en un acto solemne de frecuencia anual, con misa, sermón y lectura de la sentencia. Eran públicos porque servían para instruir e infundir terror y porque durante el auto se humillaba al condenado, lo que conseguía impresionar al pueblo cristiano y exaltar su religión. El acto público pretendía, y conseguía, disuadir a otros posibles herejes de la comunidad. Con el fin de obtener el mayor efecto se esperaba tener un número suficiente de condenados para que el auto fuera lo más multitudinario posible.

La procesión pública hacia el estrado seguía este curioso orden: leñadores, soldados de la fe o miembros de congregación de San Pedro Mártir -los llamados familiares-, la Cruz Verde de la Inquisición y el estandarte con las armas del santo oficio -el olivo como señal de misericordia y la espada como señal de castigo-, el sacerdote portador del Santo Sacramento- bajo palio rojo y dorado-, el sacristán con la campanilla que avisaba de la llegada del sacramento, otro grupo de soldados, los condenados, cada uno custodiado por dos dominicos, los alabarderos del rey, y detrás los guardias del santo oficio. Cerrando el séquito de tan espeluznante espectáculo iban los portadores de unos muñecos -efigies- que representaban a los que habían huido o habían muerto en prisión. Junto a ellos, los portadores de los cofres con los restos de aquellos que no aguantaron la tortura o el encarcelamiento y los que eran exhumados tras ser declarados herejes después de muertos. Por último, las mulas en las que iban los inquisidores y los oficiales del tribunal que portaban la cruz en sus ropajes.

Los gastos de la organización del acto eran financiados por la subasta de los bienes de los condenados y por las penas pecuniarias.

A pesar de que todo lo anterior no es moco de pavo, parece probado que la imagen de una Inquisición cruel y despiadada fue en muchos casos exagerada. Es cierto que la tortura se utilizaba para hacer confesar al acusado de su delito en el caso de que hubiese indicios de culpabilidad, cuando no quería confesar o sus declaraciones variaban. Sin embargo, la tortura era todo un arte y se practicó siguiendo unas estrictas normas de duración, técnica y frecuencia y, de hecho, durante su ejecución, no podían producirse derramamiento de sangre ni mutilación de miembros. Al menos, esa era la teoría, porque de entre los diferentes y numerosos métodos de tortura, los más usados y conocidos fueron la hora, el poste -la hoguera-, la rueda y el péndulo o garrocha. Es cierto que no corría la sangre ni mutiliaban los miembros del pobre desgraciado, pero estos métodos dislocaban brazos y piernas, rompían el cuello o consumían los cuerpos entre llamas. Hecha la ley, hecha la trampa.

Los arrepentidos condenados al poste podían contar con la gracia de ser estrangulados con la ayuda de un garrote antes de prenderles fuego, algo que, por horrible que parezca, supone un alivio al condenado. A los menores de veinticinco años nunca se los quemaba, se los azotaba y, si eran varones, eran enviados a galeras. Si eran mujeres, al destierro. Si había que ejecutar a una embarazada esperaban a que diera a luz.

Sin duda, los métodos de tortura más utilizados por la Inquisición fueron los de escarnio público, que aunque no consistían en una tortura física, sí lo era psicológica. Un ejemplo fueron los sambenitos, cuyo nombre proviene de saco bendito, que los penitentes debían vestir durante un tiempo como señal de su infamia. Los condenados a muerte llevaban otra versión del saco en negro decorado con llamas o demonios.

Tomás de Torquemada Valdespino es, sin duda, uno de los personajes históricos más conocidos a la par que temidos por ser el gran inquisidor general durante el reinado de los Reyes Católicos. Nació en 1420 dentro del seno de una acomodada y bien conectada familia y siguió los pasos de su tío el cardenal y fraile dominico Juan de Torquemada. Llegó a ser doctor en Teología y ocupar la cátedra del Derecho Canónigo y Teología.

Curiosamente, aunque su ascendencia es discutida -sus bisabuelos pudieron ser judíos convertidos-, Torquemada fundó un priorato dominico en Ávila, donde se exigía la pureza de sangre: los componentes de la orden no podían tener antecedentes judíos.

En 1455, fue designado prior en el Convento de Santa Cruz de Segovia donde conocería a la infanta de Castilla, Isabel. En 1482 fue nombrado inquisidor general a instancias del rey Fernando, y sentó las bases de la Inquisición, creando cuatro tribunales permanentes y el Consejo Supremo, del que sería su presidente perpetuo.

Se le ha descrito como el martillo de herejes, el salvador de su país, el honor de su orden. De hecho, durante su mandato se calcula que fueron quemadas más de diez mil personas y unas cien mil fueron cruelmente torturadas.

Pero la Santa Inquisición no solo la tomó con herejes y marranos. Los libros también fueron pasto de las llamas en ese intento de controlar y dirigir la fe y la moral católicas. Nada estaba a salvo de la sospecha inquisitorial. Los libros heterodoxos se consideraban herejes mudos de gran poder. De hecho, la censura a la que se vieron sometidos fue en cierto modo un fenómeno peculiar de esta época donde la represión ideológica estaba a la orden del día.

En torno al libro se creó una auténtica red de vigilancia policial y los métodos que utilizaron para identificar el tomo conflictivo fueron similares a los procesos a los que sometían a los herejes. Además, la obra también podía ser denunciada ante el tribunal, solo que aquí se enfrentaba a los llamados calificadores. Si el libro resultaba culpable, se prohibía total o parcialmente y se anunciaba tanto en misa como a través de edictos.

Hasta las bibliotecas fueron objeto de control y catalogadas perniciosas para la fe. Como cada vez prohibían más autores y lecturas, aquellos edictos donde se anunciaba una pequeña cantidad de títulos, terminaron convirtiéndose en auténticos listados o índices de libros prohibidos.

En 1558, por ejemplo, el primer Índice romano de libros prohibidos censuraba leer y poseer nada más y nada menos que un millar de títulos entre los que se encontraban obras de Erasmo, Maquiavelo, Descartes o Rabelais, Kepler, Galileo o Victor Hugo también fueron, entre otros tantos, prohibidos. Una auténtica declaración de guerra contra la élite intelectual europea.

Aquella lista negra que se actualizaba regularmente se fue sofisticando con el tiempo y terminó clasificando a los propios autores por su grado de toxicidad. Incluso condenaron libros religiosos si estos estaban escritos en lengua vernácula -distinta del latín- y demonizaron los romances. Esta congregación del Índice sobrevivió como institución oficial hasta 1917. El Vaticano lo abolió en 1966.

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