LA INQUISICIÓN.

Es habitual relacionar la Inquisición con España, y es cierto que en los territorios de la corona española este tribunal se mantuvo más tiempo y actuó de forma más organizada. Pero los primeros tribunales de Inquisición que funcionaron de modo sistemático se centraron en la persecución de los cátaros a partir de 1231 en el sur de Francia.

En 1478 se produjo un cambio significativo, ya que el papa permitió que los Reyes Católicos y sus sucesores nombrasen a sus propios inquisidores, por lo que ya no actuaban bajo la supervisión papal y para casos concretos como había ocurrido hasta entonces.

El inquisidor más famoso de España fue el dominico fray Tomás de Torquemada, nombrado por los Reyes Católicos, en 1483, primer inquisidor general de Castilla y Aragón. Recibió el encargo de organizar la nueva Inquisición, y la dureza que la caracterizó se debió en gran parte al rigor exigido por este religioso.

Los reyes españoles en ocasiones se sirvieron de la Inquisición para reprimir a enemigos políticos, como en el caso de Antonio Pérez, secretario de Felipe II, que en 1590 escapó a Aragón con documentos comprometedores para el rey. Antonio Pérez consiguió el amparo del Justicia Mayor de Aragón, que consideraba que debía ser juzgado por los tribunales aragoneses. Puesto que no había forma de capturarlo, el rey consiguió que el inquisidor acusase a Pérez de herejía y que fuese encerrado en las mazmorras de la Inquisición de Zaragoza, de donde lo sacó el pueblo sublevado. Antonio Pérez se escapó a Francia, pero Felipe II mandó ejecutar al Justicia Mayor de Aragón, acusado de traición.

Durante la Edad Moderna, la Inquisición intentó evitar que las ideas de la Reforma, y en general lo que denominaban herejía, se extendiesen entre los católicos, y castigó con dureza a cualquier persona sospechosa de haber tenido relación con ellas. Fue un instrumento de la persecución religiosa, en una terrible época de generalizada intolerancia y represión.